El Ministerio de Industria y Turismo, a través de SEPIDES, ha lanzado una convocatoria específica en el marco del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, destinada a impulsar la producción de baterías, componentes esenciales y materias primas para vehículos eléctricos en España durante 2025.
Presupuesto y financiación
El plan cuenta con un total de 280 millones de euros, desglosados en 100 millones en subvenciones y 180 millones en préstamos reembolsables. Los préstamos tendrán un interés fijo del 2,717 %, con un plazo de amortización de 10 años y una carencia de 3 años.
Beneficiarios
Podrán acceder a estas ayudas las sociedades mercantiles legalmente constituidas en España, con actividad industrial en sectores relacionados, como la fabricación de componentes, motores eléctricos, química o almacenamiento energético. Las entidades solicitantes no podrán estar vinculadas al sector público.
Tipos de proyectos apoyados
Se financiarán proyectos que contemplen la creación de nuevas instalaciones industriales, la ampliación de la capacidad productiva en centros existentes o la reconversión de líneas de producción para fabricar baterías y componentes que no se producían anteriormente en la planta.
Gastos financiables
Serán financiables inversiones en obra civil, edificación, instalaciones, maquinaria, equipos productivos y activos intangibles relacionados con el proyecto. Las inversiones deberán mantenerse durante al menos cinco años, o tres en el caso de pequeñas y medianas empresas.
Régimen y requisitos
La convocatoria se tramita en régimen de concurrencia no competitiva, atendiendo al orden de presentación de solicitudes. El importe mínimo financiable por proyecto es de 5 millones de euros.
Plazos y trámite
El plazo para presentar solicitudes estará abierto desde el 7 de julio de 2025 a las 10:00 horas hasta el 17 de julio de 2025 a las 14:00 horas. Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática mediante certificado digital.
Condiciones y garantías
Los proyectos deberán comprometer la permanencia de la inversión en territorio nacional y no podrán implicar la reubicación de actividades desde otros Estados miembros. En el caso de préstamos, se requerirán garantías en función de la calificación financiera de la empresa solicitante.